Yuritzi Llamas Mangin y Francisco Magdaleno Ramírez
La entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular (LGEC) en enero de 2026 introduce un cambio estructural para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), responsables de más del 70 % del empleo formal en México. Esta normativa desplaza el esquema lineal de producción —basado en extracción, transformación y desecho— hacia un modelo que prioriza la reducción de insumos, la reutilización de materiales y la optimización de recursos.
La LGEC incorpora la Responsabilidad Extendida del Productor, obligando a considerar, desde el diseño, el destino final de los productos. Esto implica modificar procesos productivos, cadenas de suministro y criterios de innovación. Asimismo, establece obligaciones diferenciadas según el tamaño empresarial, incluyendo registros, planes de economía circular e incentivos fiscales, además de promover esquemas de colaboración entre empresas, recicladores y proveedores.
Más allá de su carácter regulatorio, la ley redefine las condiciones de operación de las MiPyMES en un entorno económico cada vez más exigente. La adaptación a estos lineamientos no solo responde a un mandato normativo, sino que incide en la reducción de costos, la eficiencia operativa y la inserción en mercados que demandan criterios ambientales verificables.
* Universidad Autónoma de Tamaulipas
